” NUEVA CORONA DE ESPINAS, Y ESPADA DE FUEGO”. PARTES DE GUERRA DEL RVDº. PADRE CANIN DE SANTO DOMINGO, PARTE V. RECURSO ADMINISTRATIVO PENAL CONTRA EL DECRETO INTERMEDIO DE LA CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE EN EL CASO DE DICHO SACERDOTE CATOLICO.

ESCUDO INQUISICION

 

IMPUGNACION ADMITIDA CUAL RECURSO CANONICO CONTRA EL DECRETO PUNITIVO [no auténtico, ni adminitrativo, ni judicial, nulo “ipso jure”] (DIEI 27 decembris 2013, num. Prot.: 220/13-AS) DEL OBISPO DIOCESANO CONQUENSE YANGUAS SANZ, Y CONTRA EL PRESUNTO TEXTO DEL DECRETO PENAL NO JUDICIAL NI ESENCIALMENTE ADMINISTRATIVO (y nulo “ipso jure”) DE LA CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE ( Congregationis pro doctrina Fidei, DIEI 7 APRILIS 2014 (num. Prot.: 587/2013) DEL FRAUDE DENOMINADO “LA NUEVA EVANGELIZACION”. (Texto casi íntegro.)

Notas preliminares no adjuntas a la impugnación y protesta del documeto original enviado :

1ª :

Han sido eliminadas alusiones a Tipos Penales que puedan afectar a terceros, o que resulten innecesarias para el cumplimiento del objetivo de esta publicación, que tiene por finalidad poner de manifiesto cómo prepósitos que abusan de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la representan oficial e inmediatamente condenan al máximo sin procesamiento canónico alguno, ni judicial, ni extrajudicial, y cómo vulneran gravísimamente el Derecho Divino del Sacerdote a ejercer su Sagrado Ministerio, etc., el Derecho Natural a la defensa jurídica, y el Derecho Canónico a la defensión conforme a la ley eclesiástica. Los lugares de omisión son señalados con puntos suspensivos en negrita y rojo. Los entrecorchetes rojos indican, a pié de página, los términos que, por erróneos, han sido aquí o cancelados o corregidos. Los textos rúbeos y entre corchetes son añadidos míos al presente escrito.

El siguiente cuerpo del recurso continuaba con una ampliación del mísmo, que consiste en un análisis exhaustivo y confutación del decreto recurrido.

2ª :

Los puntos esenciales del siguiente recurso son:

  • La Ley establece que no se puede imponer penas canónicas sin previamente someter al sujeto pasivo a un procedimiento eclesiástico legal justo.
  • Toda pena impuesta sin un tal procedimiento en cuanto esencial esencial y requisito para la validez de las penas “ferendae sententiae” es nula “ipso jure”;
  • El infrascrito no ha sido sometido a procedimiento canónico alguno, ni judicial, ni extrajudicial;
  • No obstante se le ha impuesto pena;
  • Por tánto dicha pena es nula “ipso jure”.
  • Incluso lo que la 1ª Instancia, conquense, y la 2ª, romana, o romana intermedia [denomino 3ª Instancia a la sala romana llamada “Feria IV”, de o apelación, o recurso administrativo], algunas veces suponen procedimiento administrativo penal impuesto al infrascrito, no es tal, porque el tratamiento o proceder pseudocanónico a que ha sido sometido el infrascrito carece de las partes o requisitos esenciales o entitativamente constitutivos del procedimiento extrajudicial o administrativo canónico, pues: 1º) De muchos delitos al infrascrito no se ha dado a conocer, previamente a la condena, imputación alguna o acusación (ni privada, ni pública); 2º) De muchos de los cargos no hay acusación o imputación de acto concreto alguno, ni con manifestación de cuáles hayan o hubiesen sido las circunstancias de lugar y tiempo de los actos genéricos o abstractos imputados; 3º) No se han dado a conocer, al encausado, las que el juzgador haya considerado pruebas de cargo; 4º) Antes de la condena conquense no se ha permitido al recurrente saber que estaba siendo sometido a un procedimiento extrajudicial así fijado por decreto (ora siempre inexistente, ora no intimado al infrascrito), o sea, no se ha dado, al supuestamente denunciado, noticia de que se hubiese decidido o decretado contra él procedimiento administrativo específico canónico penal (de modo que no se hizo deliberadamente imposible, al encausado: 1) saber si era objeto de un procedimiento administrativo penal, o bien estaba aún por decretarse un tal procedimiento, o bien uno judicial propiamente dicho; 2) proponer, para su práctica, probanzas a su favor, sabiendo, en su caso, estar teóricamente sometido a un procedimiento canónico administrativo, y poder proponerlas antes de expirar el plazo canónico perentorio para ello, una vez hubiera sido conocido dicho plazo por la persona infrascrita, tras el cuál se decretase ora condena, ora absolución en 1ª instancia.  
  • Al reo ha de aplicarse siempre la ley penal más suave, o menos gravosa, comparadas por una parte la ley penal vigente en el momento en que, según la denuncia, o la acusación, fue cometido el delito, y por otra parte la ley penal vigente en la fecha de la denuncia, o la fecha de inicio de la “actio criminalis”. Hacer lo contrario de eso es aplicar una ley no vigente, es no aplicar la ley vigente de preceptiva aplicación, es obrar “contra jus”. Es así que me fue aplicada la más gravosa; luego: obróse “contra jus”.
  • Es grave, y afecta a la capacidad jurídica concreta procesal de defensión, la diferencia entre aplicación de proceso judicial (en sentido técnico) y el uso de proceso administrativo. Según la ley más suave y de obligada aplicación a mi caso, sólo podía imponérseme pena expiatoria perpetua por grave crimen y por vía específicamente judicial, jamás por vía administrativa penal. Es así que no se me ha sometido a juicio penal canónico o procedimiento eclesiástico penal estrictamente judicial propiamente dicho; luego: el proceder penal aplicádome es gravemente “contra jus”.
  • Las leyes penales canónicas no son retroactivas, salvo la que expresamente determine que lo es; por tánto las que no lo son no pueden ser aplicadas legítimamente de modo retroactivo. Sentenciar, o decretar, retroactivamente una pena canónica, basándose, para ello, en una ley irretroactiva, es obrar fuera del alcance o vigor de la ley, y es obrar “contra jus”; las condenas y penas así impuestas son pués, nulas “ipso jure”. Es así que me fueron impuestas retroactivamente condena y pena, en base a una Ley irretroactiva; luego, dichas condena y pena son “ipso jure” nulas.
  • Respecto de cualesquiera denunciados, los (ora supuestos, ora acaecidos) delitos, cuya “actio criminalis” está prescrita, no son perseguibles en foro externo, por cuanto no son imputables, ni se puede lícita y válidamente procesar, ni condenar al denunciado, independientemente de que haya cometido, o no, delito eclesiástico. Todo encausamiento y “a fortiori” toda condena por delitos (presuntos, o constatados), de “actio criminalis” prescrita, son actos “contra jus” y nulos “ipso jure”;                             al denunciado, exclusivamente bajo la jurisdicción eclesiástica, le son imputados (la mayoría no previamente a las condenas, sea la de Cuenca, sea la de 2ª instancia [o 1ª romana]) delitos de “actio criminalis” prescrita, –  prescrita, en la mayoría de los casos, décadas antes de la supuesta denuncia a propósito;                                                            por ende la condena contra el infrascrito, por delitos “precritos”, es nula “ipso jure”       3ª:                                                                                                                                    Cualquier decreto, para surtir efecto jurídico, ha de ser válido (conforme al derecho fundamental canónico, y, por supuesto, al Derecho Divino, al Natural, y a la Moral Fundamental católica), y debe ineludiblemente ser intimado conforme a Derecho, al sujeto pasivo del mísmo (CIC., can. 54, 2). Ha de ser el documento original físico, el cuál puede, sólo por causa gravísima, no ser entregado al destinatario propio de éste, en cuyo caso es necesario que el notario, u otra persona ante el notario, lea el texto íntegro, al sujeto pasivo, se levante acta del acto, y la firmen todos los presentes (CIC., can. 55). En el caso en cuestión, esos requisitos de intimación no se han cumplido en la penúltima presunta participación de las decisiones de la Congregación contra las que se presentó el recurso reportado casi íntegro a continuación de las presentes notas, por cuanto no han surtido efecto jurídico alguno.  El notario del Arzobispado de Sevilla citó al destinatario, supuestamente explícito en el penúltimo oficialmente “decreto” de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el caso, para comunicarle el contenido íntegro de ese documento, se sobreentiende que también con el propósito implícito de observar para ello los preceptos canónicos de válida intimación. En el encuentro de la cita, dicho notario dió a firmar, al susodicho destinatario, el original y dos supuestas copias de éste. Una vez firmadas las tres piezas, el notario eclesiástico se negó a dar, al presunto (“presumptio juris et de jure”) legítimo destinatario, el mencionado original, a pesar de reclamárselo incontinenti el Sacerdote al que expresamente dirigía y encabezaba su misiva la Congregación. El notario impidió activa y eficazmente, tapando con la mano el escrito, que el destinatario oficial del mísmo lo pudiese leer y leyese, en contra de la advertencia que el indignado Sacerdote le hizo, de que quería cotejar el original con las copias firmadas, en vista de que, de modo absolutamente imprevisible, le era denegada la entrega del original que había, en derecho, esperado, hasta después de las firmas, recibir inmediatamente de dicho notario. Éste último no le concedió el cotejo, ni le dió el documento, a él oficial y expresamente dirigido por la Congregación, ni le leyó el contenido del escrito, ni le dejó leer el original, ni las copias, en contra de las peticiones héchales entonces por el destinatario del documento. Tampoco se levantó ni dió a firmar acta alguna del acontecimiento.                                                                                         Puesto que tal proceder, a más de anticanónico, podía constituir un delito de secuestro deliberado, o alevoso, de correspondencia, para dificultar que me querellase contra quienes, fuera de todo proceso legal canónico, han osado abusar de sus cargos, para “eliminar” sectariamente al Clérigo Católico cual enemigo político, e impedir solemnemente el ejercicio de su Sagrado Ministerio a título de Ministro Publico de la Iglesia, el perjudicado interpuso la correspondiente denuncia de los hechos, ante el Juzgado de Guardia de Sevilla. Sobre las irregularidades de la Administración de Justicia en abordar el asunto, y sobre las sospechas racionales que existen de mala praxis, si no algo peor, para que la Autoridad competente abriese oportunamente Diligencia Previas al efecto, daremos noticia en un nuevo “parte de guerra, de un hijo Sacerdotal de [Monseñor] Guerra”, de modo que el pueblo cristiano sea instruido, se entere, de hasta qué punto está corrompido el abyecto Sistema de Poder fáctico que nos tiraniza y sume en la injusticia. ]

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ESCUDO_INQUISICION_S.XVII_MUSEO_VIRREINATO

A LA ATENCIÓN DE LA FERIA IV O SESIÓN ORDINARIA DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, PALACIO DE LAS CONGREGACIONES, CIUDAD DEL VATICANO, ROMA.

 

Contestando al decreto de fecha de 7 de abril de 2014, por el cuál se rechaza mi recurso [1] contra la imposición de la pena expiatoria perpetua de dimisión del estado clerical fulminada por Monseñor Yanguas Sanz, Obispo Diocesano de Cuenca, por medio de decreto extrajudicial de fecha 27 de diciembre de 2013, presento recurso de nulidad de ambos decretos, en base a los siguientes argumentos:

I.- Nulidad del procedimiento por violación del derecho de defensa.

Es un derecho inalienable de los fieles no ser nunca condenados sin un proceso justo, aunque fueran realmente criminales: c. 221 § 1. “Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho”.

§ 2. “Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también  derecho a ser juzgados según las normas jurídicas, que deben ser aplicadas con equidad”.

§ 3. “Los fieles tienen el derecho a no ser sancionados con penas canónicas, si no es conforme a la norma legal”.

Ahora bien, en este caso, el derecho de defensa ha sido violado por diversos motivos que expongo sucintamente a continuación.

a) En primer lugar ha sido violado con nulidad insanable el derecho de defensa desde el mismo momento en que he sido condenado sin proceso alguno, no sólo judicial, pues ni siquiera ha existido un procedimiento administrativo en virtud del cual se me haya condenado.

No ha existido más que una Investigación Previa a dicho proceso, terminada la cuál se me condenó sin ofrecerme posibilidad alguna de defensa. (Cf. Las cartas del fiscal conquense, a mí dirigidas, de 11 y 23 de Julio de 2013 respectivamente, en ninguna de las cuáles se notifica apertura de causa o proceso, ni se ofrece al sacerdote el estudio ni el visionamiento de las pruebas, o las actas).)

Que este extremo es cierto se puede deducir, con toda claridad, también de los mismos decretos emitidos por el Obispo de Cuenca y por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por más increíble que pueda parecer. Así, el decreto penal de la diócesis de Cuenca da testimonio de que, al ser denunciado por uno de mis dos …, por supuestos hechos delictivos por mi parte, “en virtud del c. 1717 del ordenamiento canónico, se inició [2] una investigación sobre los mísmos por decreto de fecha 25 de marzo de 2013. Confiando esta tarea al Ilmo. Sr. Rvdo. D. José Antonio Fernández Moreno, Promotor de la Justicia de la Diócesis. El cual, tras meticulosa indagación, completa un largo expediente del que nos hace entrega el 21 de octubre de 2013. En dicho expediente constan pruebas suficientes de la comisión de los delitos (…). La Congregación (…) tras estudiar la documentación de que disponía, nos autoriza a emitir (…) un decreto en el que se le imponga a D. Ricardo la pena de dimisión del estado clerical”. Tras la conclusión de la Investigación Previa con la entrega de sus actas el 21 de Octubre de 2013 no se incluye en ellas la ejecución del can. 1720,1, no hay acusaciones ni imputaciones formuladas por la Autoridad Eclesiástica a mi persona, y, como anteriormente, no se me da a conocer prueba alguna. En su carta de 23 de Julio de 2013 el Fiscal conquense admite implícitamente no haber formulado acusaciones o imputaciones, pues afirma que las mísmas debieron ser colegidas a través de las preguntas del interrogatorio; al mismo tiempo no accede a la petición hecha por mí, de conocer las pruebas …, y, finalmente, dejándome creer que aún sigue abierta la Investigación Previa, no me notifica apertura alguna de causa o proceso penal contra mí.

Por si hubiera alguna duda, el decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su página 2, punto 13, confirma la inexistencia de proceso o procedimiento penal alguno: “el Obispo de Cuenca, al terminar la investigación previa ex. can. 1717 CIC (…) manifestó que una ulterior instrucción desde esta sede no aportará más luz a los hechos que la que se ha obtenido en esta investigación… Entendemos que con la documentación que se presenta, esta Congregación dispone de los elementos suficientes para resolver el caso, avocando a sí la causa ex. Art. 16 mp SST” [=Artículo 16 de las “Normae de Gravioribus Delictis” del “Motu Proprio” “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”].

Como en el mismo punto 13 del decreto de la Congregación afirma, las actas de la investigación previa son recibidas en Roma el 9 de noviembre y, con fecha de 5 de diciembre, se autoriza “al Obispo de Cuenca a emanar un decreto extrajudicial de dimisión del estado clerical contra dicho sacerdote ex. Art. 21 § 2, 1 mp SST”.

A más abundancia, recordamos el c. 1620: “La sentencia adolece de vicio de nulidad insanable si:

(…) 7: fue denegado a una de las dos partes el derecho de defensa;”.

Si esto es así en un juicio formal y conforme a derecho, cuanto más en un mero decreto administrativo en que se me condena a una pena máxima para un clérigo, o un sacerdote, sin dárseme la oportunidad de ejercer el más fundamental y elemental derecho de defensa.

b) Se ha violado gravemente la ley de la Iglesia, que obliga a todos, especialmente a los que ejercen altísimas potestades y detentan autoridad sacra recibida de Cristo nuestro Dios y Señor, y más aún en el tema del Derecho Penal, con tan graves consecuencias para el bien de las personas implicadas, quedando imposibilitado de manera absoluta el fundamental derecho de defensa.

El c. 1342 §2 prohibe expresamente “que se impongan mediante decreto extrajudicial penas perpetuas, ni aquellas otras que la ley o el precepto prohibe aplicar por decreto”. Por ejemplo, la dimisión [2] del estado clerical, pena perpetua, sólo puede llevarse a cabo mediante proceso judicial, siempre ante un tribunal compuesto de tres jueces y, en los casos más difíciles, de cinco, según el juicio del Ordinario (c. 1425 §1,2º).”[1].

Es cierto que dicha determinación de la ley canónica ha sufrido cierta derogación en algunos casos por parte de las facultades concedidas por el Romano Pontífice a la Congregación para la Doctrina de la Fe a finales de Mayo de 2010, art. 21 § 2 n. 1: “la facultad de dispensar de la vía procesal judicial, es decir, de poder proceder por decreto extra iudicium: en tal caso, la Congregación para la Doctrina de la Fe, evaluados los hechos, decide caso por caso, ex officio o a instancia del Ordinario o del Jerarca, cuándo autorizar el recurso a la vía extrajudicial”.

Pero como norma se establece que los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe han de ser perseguidos mediante un proceso penal judicial propiamente dicho (cf. art. 21 § 1: “Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, in processu iudiciali persequenda sunt.”), todo lo cual aquí no se ha respetado, pues no ha existido proceso judicial penal y ni siquiera ha habido procedimiento administrativo o extrajudicial, como ya hemos probado.

[Item más, dicha “cierta derogación” del canon 1342,2  (reductora de dicho canon a norma con posibles excepciones casuística o jurisprudencialmente determinables), o una tal nueva medida penal de mayor severidad no se instaura expresamente como retroactiva, por lo cuál es irretroactiva según el canon 9, o sea, esa nueva facultad de la Congregación, que permite, en algunos casos y racionalmente, someter causas penales a procedimiento administrativo, en vez de al judicial propiamente dicho, no existe para los casos de atribución de hechos delictivos adscritos a un tiempo anterior a la entrada en vigor de dicha “cierta derogación” y nueva facultad, de modo que ésta no tiene vigencia alguna para dichos casos, entre los que se halla el mío. Véase el punto “g“, de este recurso.]

Además, tanto los Romanos Pontífices, en sus indicaciones oficiales, cuanto la doctrina canónica sentada en jurisprudencia y en la sentencia de los Doctores, unánimemente establecen que la excepción al proceso judicial penal ha de estar justificada por la gravedad de los delitos, la contundencia de las pruebas existentes, el grave escándalo producido a los fieles y la urgencia en reparar el mismo o en evitar graves daños a inocentes [2]. Mas ninguna de las hipótesis contempladas afecta a este caso, en el que se están juzgando presuntos hechos que hubiesen acontecido hace mucho tiempo, incluso décadas (hasta casi 40 años alguno de ellos), y que no producen ahora mismo daño ni escándalo en la Iglesia, por lo que no es procedente el recurso al procedimiento administrativo o extrajudicial para infligir la pena máxima y perpetua, máxime siendo ésta tan grave y dificilísimamente reversible, como es la dimisión [2] del estado laical.

c) El derecho de defensa queda absolutamente violado puesto que: 1º.- no he podido sino excogitar o sospechar subjetiva, privada e indirectamente la existencia de algunas de las acusaciones privadas, durante el interrogatorio héchome en fase de Investigación Previa . En el caso, por ejemplo (y es sólo un ejemplo de entre la larga lista de condenas sin acusación previa dádame a conocer), del supuesto delito de profanación de las Sagradas Especies Eucarísticas no sólo no conocí acusación del crimen antes de ser yo condenado por éste, no cometido, sino tampoco siquiera se me indicó ni lo más mínimo sobre semejante tipo de profanación, negándose, en todo momento, el fiscal eclesiástico conquense, a formularme acusaciones o imputaciones de parte de mi Ordinario, más aún: negando él que existiesen acusaciones e imputaciones de delitos, por parte de la Autoridad Eclesiástica; y 2º.- me ha sido impedido conocer de alguna manera las pruebas, conocer en qué las acusaciones e imputaciones que me hubiesen sido previamente formuladas (y que no lo fueron) se basaban.

En efecto, el c. 1720 determina lo siguiente: “Si el Ordinario estima que debe procederse mediante decreto extrajudicial: 1.- hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente llamado, no quisiera comparecer;”

A este respecto la doctrina universal jurídica asegura que sólo pueden ser aceptadas contra el acusado, o demandado, aquellas pruebas que han sido conocidas por el mismo acusado o demandado y que han podido ser contestadas por él [3]. Por eso, estamos plenamente de acuerdo con el Cardenal De Paolis cuando afirma que “nel caso infatti che il superiore faccia pesare nel suo guidizio delle prove non comunicate, egli viola il diritto di difesa”[4]. [ Traducción: “En el caso, en efecto, de que el superior tenga en cuenta, en su juicio, pruebas no comunicadas [al encausado], dicho superior viola el derecho de defensa.” ]

Ese momento tan crucial del procedimiento, por muy sorprendente que parezca, todavía no se ha producido y, sin embargo, sorprendentemente ya he sido condenado a la pena más grave posible para un clérigo.

La veracidad de lo que alego queda demostrada en el mismo texto del decreto de la Congregación en el cual se afirma que “en lo que se refiere a la alegada violación del derecho de defensa procesal en el momento de efectuar la deposición ante el delegado por el Obispo de Cuenca el 17 de julio de 2013, no consta en las actas ningún elemento que pueda sostener tal afirmación, dado que el acusado fue informado de sus delitos, de los acusadores y se le concedió la oportunidad de presentar su defensa o versión de los hechos que se le atribuyeron”.

El texto constituye una confesión de parte [de la Congregación] contra la inexistencia de acceso a las pruebas presentadas contra mi persona, con lo cuál la indefensión es absoluta y total, siendo pisoteados mis derechos más elementales.

d) Al no existir ni proceso judicial, ni procedimiento administrativo penal, se hace imposible conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar certeza moral sobre la mísma.

La doctrina canónica nos recuerda lo que por otra parte es de mero sentido común y de derecho natural: que la verdad debe emerger de la confrontación entre la acusación y la defensa, incluso cuando no se siguiera la vía judicial en sentido estricto[5].

Es más, la doctrina canónica recuerda que el derecho de defensa ha de estar especialmente tutelado en un procedimiento administrativo, que tiene muchas menos garantías para descubrir la verdad y para salvaguardar el derecho de defensa[6]. De nuevo, tomamos una cita del Cardenal De Paolis en la que este sabio canonista resalta que “anzi nel processo amministrativo, nel quale non si ha propriamente una situazione di parità tra il superiore e l’accusato, il diritto della difesa dovrebbe essere particularmente assicurato, proprio per superare, per quanto è possibile, tale divario.”[7]. [ Traducción:  ” Antes bien, en el procedimiento administrativo, en el cuál no se tiene una situación de paridad entre el superior y el acusado, el derecho de defensa debería estar especialmente asegurado, precisamente para superar, en lo posible, tal divergencia.”]

e) Los defectos tan graves como son la ausencia absoluta del más mínimo procedimiento penal no pueden ser nunca suplidos, pues toda suplencia tiene como tope máximo la salvaguarda del derecho de defensa, que es un principio de Derecho Natural que mantiene siempre su vigor y es inalienable por ninguna autoridad.

De ahí que carezca absolutamente de consistencia la afirmación de que “el decreto extrajudicial emanado por el Obispo de Cuenca por autorización de este Dicasterio, no se observa ningún defecto de forma que merezca ser sanado” (página 4, punto 27), que por otra parte muéstrase contradictoria con lo sostenido en el párrafo anterior, a saber, “en lo que se refiere a los defectos de forma de la investigación previa, la indebida actuación del Promotor de Justicia en este momento administrativo previo a todo proceso, fue sanada ex art. 18 mp SST”.

Resulta evidente que ninguna sanación se puede hacer válidamente si afecta al derecho de defensa, como recoge el Art. 18 de lasNormae de Gravioribus Delictis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, “Congregatio pro Doctrina Fidei, in causis ad eam legitime deductis, actus sanare potest, salvo iure defensionis, si leges mere processuales violatae fuerint a Tribunalibus inferioribus ex mandato eiusdem Congregationis vel iuxta art. 16 agentibus”. [Traducción: <<La Congregación para la Doctrina de la Fe, en las causas a ella legitimamente abocadas, puede sanar actos, siempre y cuando quede salvo el derecho de defensa, si las leyes meramente procesales fueran violadas por los tribunales inferiores que actúen por mandato de la misma Congregación o a tenor del art. 16  [de estas “Normas…”].>> ]

f) La indefinición, inconcreción material e indeterminación restante de la mayoría de los crímenes implícitamente imputados, y la vaguedad, o ausencia, de los parámetros circunstanciales de dichos presuntos delitos genera vertebral indefensión. En efecto: 1.- Ni siquiera en el decreto de condena se especifica el tipo de delito (entre todos los posibles recogidos en el c. ) en virtud del cuál soy condenado, aparte de que se me condena por presuntos delitos, en plural, de , en plural, cuando en las preguntas que se me hicieron en el interrogatorio de la investigación Previa sólo se me hizo referencia a uno ; 2.- La misma superlativa indeterminación, si no, a veces, mayor  –  de las circunstancias concretas criminales (cf. Can. 1717) y de los actos concretos en que es necesario se materialicen los delitos, para poder ser cometidos concretamente por persona individual y concreta  –  afecta a todos los demás delitos por los que he sido condenado, tanto los referidos   en el primer decreto, cuanto los nuevos o añadidos por el segundo decreto penal. (Por ejemplo ¿Cómo voy a saber qué delitos concretos son los que el decreto dice simplemente que son [de tal o cuál género] , numerosos y que constan en acta?).

Aún si cabe es más difícil la propia defensa cuando ni siquiera sabe uno no ya las pruebas, sino ni siquiera los mismos delitos exactos por los que uno es acusado.

g) La aplicación y el ánimo de aplicación de las nuevas medidas legales innovadas en Mayo de 2010 en materia de Delicta Graviora, en todo cuanto supone, o suponga la aplicación, a mi persona, de una legislación (o parte innovada de ella) más severa y gravosa que la existente en el tiempo en que el juzgador ubica los presuntos crímenes, vulneran lo preceptuado en los cánones 9, 1313,1 y 1342.

h)  Especialmente denigrante es el aserto categórico de que existen graves indicios de haber yo asesinado a mi propia Madre,q.e.p.d., cuando está judicialmente demostrado lo contrario, por la autopsia definitiva a la que no obstante alude el decreto en su favor. En prueba de la temeridad y falsedad de aseveraciones como esa, apórtase copia del correspondiente auto judicial, del Magistrado del Juzgado de Instrucción nº9 de Sevilla, y copia de dicha autopsia con su ampliación de dictámen sobre análisis químico-toxicológico de fluidos del bendito cadáver.

i) Se asumen aquí, en este acto, todos y cada uno de los argumentos expuestos por el infrascrito en sus peticiones de revocaciones de los pertinentes decretos, y todos y cada uno de los argumentos jurídicos y fácticos expresados en el recurso que el Sacerdote presentó ante esa Congregación, contra el decreto penal de Mons. Yanguas. En dichos textos extensos, se amplía la queja contra la conculcación de los sagrados cánones, y cítanse muchos que esta parte entiende conculcados contra el derecho legítimo del recurrente. Destácase la denegación pasiva a ponérseme abogado canonista defensor, contra los cc. 1723 y 1734 y ss., lo que es causa flagrante de indebida indefensión jurídica y de consiguiente nulidad de las actuaciones.

En virtud de lo expuesto, Ricardo de Perea y González, Sacerdote de nuestro Salvador Jesucristo, clérigo de la Santa Iglesia Católica, humilde e ínfimo súbdito de Su Santidad el Papa,

SUPLICA a los Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Magistrados de la Sala IV de la romana Congregación para la Doctrina de la Fe que revoquen el decreto de fecha de 7 de abril de 2014, cuyo texto original desconozco, pero cuya copia, que sería tal según decía quien me la consignó [,el Sacerdote Notario del Arzobispado de Sevilla], recibí el 14 de mayo de 2014.

Otrosí, me absuelvan de cuantos delitos canónicos hayan estado prescritos antes del primer decreto penal, y en especial, el , caso éste último que el propio decreto pontificio, en su nº. 25, reconoce explícitamente que estaba y está prescrito, concediendo, en su nº. 24 relevancia jurídica al hecho de que, según el decreto, los delitos se hayan cometido después o, “e contrario”, antes de la promulgación de la Normativa sobre menores, de Mayo de 2010 (reconocimiento implícito de la irretroactividad de las nuevas [medidas] en cuanto tengan de “severiores prioribus”).

Otrosí, particular y destacadamente, para honra de esa Congregación, la Santa Sede y la Iglesia, declare impertinentes cuantas atribuciones de presuntos hechos, la mayoría remotos, se han hecho en el segundo decreto penal, y que atentan muy gravemente contra mi honor y mi fama.

Otrosí, me salvaguarden y garanticen el derecho a tener un proceso judicial penal justo, de acuerdo con el derecho penal canónico vigente, en el cuál pueda defenderme de las acusaciones y las pruebas que hubiere contra mí, una vez que las conozca adecuadamente conforme a Derecho.

Otrosí , admitan de buen grado Sus reverendísimas e Ilustrísimas Señorías ver mi necesidad de ser asistido por abogado, perito en Disciplina Canónica, que me instruya y represente en mi defensa conforme a Derecho, de acuerdo con el art. 1723 del CIC..

Es justicia que solicito a la Sesión Ordinaria o Feria IV de la Congregación para la Doctrina de la Fe, En Sevilla, Urbe de María Santísima, a 12 días del mes de julio del año de Gracia 2014.
Fdo. Ricardo de Perea y González, hispalense, Presbítero conquense. “Ut in ómnibus glorificetur Deus”.

Fdº. Juán Manuel Cabezas Cañavate, Promotor de Justicia

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NOTAS:

1] Josemaría Sanchís, “Comentario al c. 1720”, en: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico (Pamplona 2002).

[2] cc. 221, 1598, 1620, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Normae … núm. 20; Juan Pablo II“Allocutio Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos”, AAS 81 (1989) 922-926. Véase también: Morrisey“The advocate for the accused and the right of defense”, en: CLSA, Patricia M. Dugan(ed.)Advocacy vademecum, Quebec, 2006, 5-8; De Paolis, “Attualità del diritto penale canonico”, Questioni attuali di diritto penale canonicoCittá del Vaticano, 2012, 27-28.

[3] Cf. Velasio de Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI , Roma, Urbaniana university press, 2008, 244.

[4] Cf. Ibíd.

[5] Cf. Velasio de Paolis, Ibid.

[6] Cf. R. Coppola“La tutela dei diritti nel proceso penale canonico”, en: Il diritto alla difesa nell’ordinamento canonico. Atti del XIX congresso canonistico,Ciudad del Vaticano 1988, 73-83.

[7] Cf. Velasio de Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. … ibid.. El eminente canonista, de reconocido prestigio en la Iglesia, denomina “devario” que en materia penal grave se condene y pene por vía no judicial penal.

Plato_Ceramica_Talavera.

Correcciones técnicas jurídicas, o gramaticales de relieve:

[1] Mi Promotor de Justicia, puesto por mí solo y para sólo este acto de recurso administrativo, al acceder a prestarme su ayuda profesional este profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de San Dámaso en Madrid, puso, en el texto: “recurso de Apelación”, cuando, a un decreto administrativo no hay apelación, palabra reservada al recurso contra sentencia judicial propiamente dicha.

[2] Mi Promotor de Justicia, autor de la mayor parte del texto del recurso, pone “expulsión del estado clerical”, cuando el Derecho Común lo denomina “dimisión del estado clerical”.

 

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LAUDETUR VERA ET SANCTA INQUISITIONE. IN ILLA PROCESSUS EST JUSTITIA TRACTATIONIS MATERIALIS HOMINIS IMPUTATI. EX INFERNO CONTRARIA.

 

APENDICES:

APENDICE I :

EXTRACTO DEL ESCRITO PROLONGACION DEL RECURSO ADMINISATRATIVO PENAL CONTRA EL NULO DECRETO INTERMEDIO ( Congregationis pro doctrina Fidei, DIEI 7 APRILIS 2014 (num. Prot.: 587/2013), RECURSO QUE SE EXTIENDE TAMBIEN CONTRA EL NULO DECRETO DE YANGUAS (Conchae, DIEI 27 decembris 2013, num. Prot.: 220/13-AS). 

A.- EN CUANTO A LOS NUEVOS DELITOS AFIRMADOS Y CONDENADOS POR PRIMERA VEZ EN EL NUEVO DECRETO [intermedio romano nulo] (ora sean penados también directamente, ora sean afirmados categóricamente como pruebas* indiciarias): [El nuevo pseudodecreto:]
1º) ELIMINA LA PRIMERA PARTE ESENCIAL [ FORMULAR LAS ACUSACIONES E IMPUTACIONES CONCRETAS , NO ABSTRACTAS, DE TODOS LOS DELITOS* IMPUTABLES CONCRETOS, NO ABSTRACTOS Y COMO TALES INCOMETIBLES, PREVIAS A TODA CONDENA, A TODA PENA, Y A TODA CONFIRMACION DE PENA, ABRIR CAUSA PROCESAL Y COMUNICARLO AL ACUSADO E IMPUTADO] DE LA PRECEPTIVA FASE PENAL PRELIMINAR DEL CAN. 1720,1º, Y VULNERA ASI UN DERECHO FUNDAMENTAL NATURAL DEL HOMBRE, DEL CRISTIANO, DEL CLERIGO Y DEL SACERDOTE CATOLICO, su “jus defensionis” (Cf. núm 28 del decreto impugnado).
2º)ELIMINA LA SEGUNDA PARTE ESENCIAL [dar a conocer las pruebas* antes de cualquier proceso (judicial, o “a fortiori” extrajudicial), cualquier condena y cualquier pena que se siga] DEL PROCEDIMIENTO PENAL PRELIMINAR, Y VULNERA DE ESTE OTRO MODO EL MISMO DERECHO FUNDAMENTAL NATURAL DEL HOMBRE, DEL CRISTIANO, DEL CLERIGO Y DEL SACERDOTE CATOLICO, su “jus integrae juridicae defensionis” (Cf. núm 28 del decreto impugnado).

3º) ELIMINA LA TERCERA FASE ESENCIAL [ dar oportunidad de defensa jurídica contra las acusaciones e imputaciones] pues no puede cabalmente defenderse de ellas, si previamente al decreto condenatorio no las puede conocer, ni las conoce.
B.- EN CUANTO A LOS DELITOS* CONFIRMADOS:
Mutila el can. 1720,1º y el Derecho Natural de defensa que el canon contempla y positiva, pues:
1º) Elimina la primera parte del decurso preliminar penal: formulación previa de acusaciones e imputaciones. Subsana, sin competencia para ello, de la Congregación, un vicio inicial insubsanable, generador de indefensión: el de la NO formulación específica de imputaciones y acusaciones concretas de “numerosos”* actos* concretos, humana y concretamente cometibles, impidiéndose, además, al sujeto pasivo leer las acusaciones originales escritas, o las acusaciones privadas en su originalidad, en su original formulación, las palabras originales acusatorias y en su soporte material auténtico o documento original. No aclara ni define, ni concreta esencialmente las acusaciones hechas, por primera vez ante el sujeto pasivo, por el Obispo Diocesano conquense, las cuáles son sólo las implícitas o implícitamente contenidas en las condenas o afirmaciones condenatorias fulminadas por el decreto penal diocesano. Por ejemplo, el condenado y penado sigue sin saber en qué concretamente consiste el acto* de profanación que se le imputa y por el que el acusado es condenado y penado. …

2º) Elimina la segunda parte del decurso preliminar penal, es decir, la de dar a conocer las pruebas* originales del delito por el que – después de esa manifestación de la prueba* – se hubiese debido dar al acusado la oportunidad de ejercer una íntegra defensa legal y, tras ello, hubiese podido ser ser condenado y penado sin indefensión ilegítima.

3º) Elimina grave y ampliamente la tercera parte del decurso preliminar penal: dar oportunidad de defensa; pues el penado no ha tenido oportunidad de defenderse íntegramente, al no saber que se había abierto causa contra él, y al no conocer las acusaciones, ni las pruebas, contra las que defenderse.
4º) Elimina la eficacia del principio de Legalidad por el que se rigen ambos decretos, pues aplica ilícitorretroactivamente , y por tánto inválidamente, una parte nueva irretroactiva de una Ley irretroactiva ( Arts. de las nuevas Normae …. de 2010) conculcando el derecho del implícitamente acusado a una defensa jurídica integral: 1) Al privársele de un proceso judicial, de suyo y obviamente con mayores garantías que las que proporciona un procedimiento no judicial o administrativo; 2) Al derogar [sanar] los vicios jurídicos en que incurre el decreto diocesano, la vista preliminar y la Investigación Previa, se conculca ilícitorretroactivamente el derecho del sujeto pasivo a un procedimiento jurídico íntegro, derecho no baladí pues dichos vicios perjudican a dicho sujeto, merman la defensa a que tiene derecho, por ejemplo, en el caso, de ilegitimidad reconocida por la Congregación, de que el Promotor de Justicia conquense haya dirigido y llevado a cabo la Investigación Previa criminal.
NOTA: Este pseudoprocedimiento es más defectuoso que el famoso “Proceso de Nüremberg”, en que fueron fulminadas condenas y penas basándose en leyes penales posteriores a los presuntos delitos cometidos, y promulgadas por algunos de los enemigos bélicos de los reos, pues al Sacerdote se le priva incluso de ser acusado con acusaciones definidas y concretas, de ser imputado previamente y de la condición de reo en cuanto se le niega un juicio (propiamente dicho, ex cc. 1342, 1313,9 ) penal preceptivo al que tiene derecho.

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¡Así no!. Ni el Sacerdote, denunciado, ha de ser visto o tratado como un cerdo, sin derecho a procesamiento, ni la Inquisición es es un garabato moderno en manos de quien hace lo que le da la gana y usa la rama de olivo como una pluma para escribir cesiones de puercos al matadero; usa la espada, no para ejecutar justicia, sino para matar al cerdo; y utiliza la cruz, para taparse disfrazándose con apariencia de honorabilidad, religiosidad, cristianismo y beneplácito divino

¡Así no!. Ni el Sacerdote, denunciado, ha de ser visto o tratado como un cerdo, sin derecho a procesamiento, ni la Inquisición es es un garabato moderno en manos de quien hace lo que le da la gana y usa la rama de olivo como una pluma para escribir cesiones de puercos al matadero; ni un verdadero Santo Oficio usa la espada, no para ejecutar justicia, sino para matar al reo como a un cerdo; ni la Santa Inquisición católica y de católico proceder utiliza la cruz para encubrir tanta impiedad y escándalo anticristiano, disfrazándose además, con la bendita Cruz, para lograr apariencia de sinceridad, autenticidad, honorabilidad, religiosidad, cristianismo y beneplácito divino.

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Escudo de la Santa Inquisición, situado antiguamente en la fachada del Palacio del Santo Oficio, en la ciudad de Mejico. El emblema fue removido por modernuchos politicos gobernantes, en 1879. Hoy se halla en el Palacio de la Escuela de Medicina, en la misma ciudad, bajo régimen judeomasónico, como todo ese pais.

Escudo de la Santa Inquisición, situado antiguamente en la fachada del Palacio del Santo Oficio, en la ciudad de Mejico. El emblema fue removido por modernuchos politicos gobernantes, en 1879. Hoy se halla en el Palacio de la Escuela de Medicina, en la misma ciudad, bajo régimen judeomasónico, como todo ese pais.

APENDICE II :

 

EXTRACTO DEL PRIMER RECURSO SUSPENSIVO Y CARTA A CARDENAL PREFECTO DE LA CONGREGACION PARA LA FE

 

[ Nota preliminar: Los términos a continuación reportados, de bien y mal, y los calificativos especificativos del bien y del mal, tienen significado rigurosamente moral, de Moral Católica específica, son usados por un Sacerdote Presbítero, versado en la materia, Bachiller en Sagrada Teología, y empleados dentro de la soberana e independiente jurisdicción canónica, cuya competencia de la Autoridad Eclesiástica es reconocida como exclusiva de la Iglesia Católica como tal, tanto por la Santa Sede, cuanto por el Estado español (en el Art.1 del Acuerdo de asuntos jurídicos vigente entre el Vaticano y la Jefatura del Estado de España). No se trata de afirmaciones de Filosofía moral, o Etica, menos aún la pseudoética por la que se rige el actual reino de España, dominado por la pseudodemocracia y sus detetéreos principios etológicos contrarios al Derecho Natural y al Credo católico. ]
<< En Sevilla, a 3 de Enero de 2014. Enmendada el 5 de Enero del mismo año. Texto en curso.

AL CARDENAL PREFECTO DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, SANTA SEDE, VATICANO, ROMA.

SEGUNDA PARTE DEL RECURSO SUSPENSIVO CONTRA EL DECRETO 220/13-AS DEL OBISPO DIOCESANO DE CUENCA.

Eminentísimo y Reverendísimo Señor:
Con estupor he recibido hoy un decreto contrario a las más elementales virtudes de justicia y Caridad. Tan grande es el abuso, tan conculcado el Derecho Divino y el eclesiástico, tan buscada desigualdad y perjuicio inecuánime contra la universalidad de la ley pontificia y la obligación estricta del cumplimiento de las leyes eclesiásticas todas, con todos sus elementos y supuestos, sobre todo los protectores de los sagrados derechos, libertades y garantías jurídicas de los sacerdotes, que tan morboso atropello merece que su desaprensivo autor presente, sin reservas, su dimisión del cargo de Obispo Diocesano, que ocupa haciendo habitualmente el mal en grado, como se ve, sumo y extremadamente escandaloso.                         …

IV.- DOBLE INDEFENSION (al concluir la investigación criminal y al consumarse el decreto penal) POR CARENCIA DE INFORMACION, AL INFRASCRITO, SOBRE LAS ACTAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL PARA LA QUE EL ORDINARIO CONQUENSE ERA INCOMPETENTE:

Aunque en el decreto refiérese Vd. a las actas de la Investigación llevada a cabo por el Promotor de Justicia (deputado a ella por Su Exciª., a pesar de la incompetencia canónica que para abrirla tenía el Ordinario conquense, y para llevarla a cabo tenía dicho Promotor Justitiae, pues la investigación competía al Ordinario de Sevilla), dichas actas no me han sido mostradas, a pesar de mis oportunas peticiones en contrario, ni son explanadas en el decreto, ni éste lleva anexos los documentos integrantes de las mísmas, por cuanto no se me ha mostrado la denuncia que Vd. cita, en su decreto, cual orígen de la incoación de la investigación de que trata el can. 1717, la cuál, a tenor del art.16 de las Normae citadas, compete al Ordinario que primero tiene noticia del asunto, o recibe la denuncia pertinente, y ésta fue interpuesta en la oficina de Registro de Entrada de Documentos, del Arzobispo hispalense, y supongo que dirigida al Arzobispo de sevilla, o al Ordinario del Lugar, do se ubica mi residencia legal. Tampoco me han sido dados a conocer los que, según el Ordinario, constituirían los elementos de prueba suficiente de cargo contra mí, contra lo preceptuado en el Can. 1720 , en el caso de que no hubiera prescrito la “actio criminalis” . ( Canon 1720:  Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum: 1° reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit; 2° probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3° si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto.).

V.- NULIDAD DE LA PENA ADMINISTRATIVAMENTE DECRETADA PARA LOS SUPUESTOS DELICTIVOS DE ACCION CRIMINAL PRESCRITA: 

En los casos (cuya existencia y número exacto desconozco, por falta información) en que la acción criminal y persecutoria está prescrita, bajo tal extinción de responsabilidad penal del paciente: es lícito ahorrarse mostrarme la parte, correspondiente a los mísmos, de las actas de la Investigación Previa Criminal contra mí, al mismo tiempo que no es lícito expedir un decreto episcopal penal contra mi persona sobre dichos casos, ni siquiera en el hipotético supuesto de que constase, con toda certeza, la comisión por mi parte de los delitos prescritos, objeto parcial del decreto (can. 1720,3º).

VI.- INDEFENSION DEL PENADO, DEBIDA A LA CARENCIA JURIDICA GRAVE DEL DECRETO, CASO, HIPOTETICO Y NEGADO POR EL RECURRENTE, DE QUE SE TRATASE DE DECRETO ADMINISTRATIVO PENAL LEGITIMO:

El decreto administrativo penal, caso, que no es éste, de haber sido legítimo, fruto legal de un procedimiento administrativo auténtico, debía igualmente estar expresamente fundamentado en argumentos, o sea, razonamientos lógicamente conclusivos, expresamente alusivos a los presuntos hechos concretos de materia criminal, expresados en su concretez, es decir, el decreto penal administrativo debía contener razones demostrativas de que dichos “hechos” se habrían consumado, o razonamientos denominados “rationes in facto”. Es lo que, en el Derecho Procesal Penal de la sociedad civil se denomina técnicamente “Hechos” o “Fundamentos de Hecho”. Igualmente, una vez expuestos dichos actos nominales concretos y definidos, el decreto debía contener los argumentos por los cuáles se fundamentase que tales declarados actos concretos y definidos tuviesen carácter criminal, argumentación denominada “rationes in jure”,y que en Derecho Procesal Penal ( o de enjuiciamiento criminal) llámase técnicamente “Fundamentos de Derecho”( “decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto“, canon 1720 § 3). Es evidente que el decreto recurrido carece de la necesaria fundamentación jurídica concreta, carece de razonamientos demostrativos o concluyentes, tanto los que expusiesen los “Facta” en su concretez o realidad concreta, cuanto los argumentos jurídicos por los que se hiciese patente la conclusión jurídica de que dichos “Hechos” concretos contituyesen delitos canónicos. El decreto carece de lo que técnicamente se denomina “Hechos Probados”. Tan grave falta de concreción y argumentación se llama “falta de fundamentación” “in jure et in facto”, y deja, al de tal manera penado, en franca indefensión, al impedir a éste que pueda conocer y analizar los argumentos que deberían haber estado presentes en el decreto y que debían servir ostensiblemente a fundar la pena y su imposición al sujeto pasivo, porque, con tal carencia indebida, impídese que el penado pueda discernir sobre la rectitud, o, en su caso, el error, falta de lógica, falta de objetividad, falta de verdad, falta de argumentación concluyente, inherentes a la argumentación que debía estar puesta de manifiesto en el decreto administrativo penal.

VII.- RECURSO DE SUPLICA: 

Revoque ese su maléfico decreto “contra jus”. Tiene esta oportunidad providencial de santificarse. Y, si nó, que Dios y la Iglesia Santa, se lo demanden.

Attme., SSS, Q.B.S.A.P.

Ricardo de Perea y González, Hisp., Pbrº. conquense  “a qui pese e a qui non”, como decía Mio Cid.           >> 

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Acerca de ricardodeperea

Nacido en Sevilla, en el segundo piso de la casa nº 8 (después 18) de calle Redes de Sevilla, el 21 de Septiembre de 1957. Primogénito de D. Ricardo, tenor dramático de ópera (que estuvo a punto de hacer la carrera en Milán), y pintor artístico; y de Dñª. Josefina, modista y sastre ( para hombre y mujer), mas principalmente pintora artística de entusiata vocación. Desafortunadamente dedicóse tan abnegadamente a su familia y hogar, que poco pudo pintar, pero el Arte, el retrato, dibujo y pintura fueron su pasión hasta la muerte, que la sorprendió delante de un óleo de San Antonio de Escuela barroca sevillana, y al lado de una copia, hecha por mi padre, de la Piedad de Crespi, en tiempo litúrgico de San José. Seminarista en Roma, de la Archidiócesis de Sevilla desde 1977-1982, por credenciales canónicas de Su Eminencia Revmª. Mons. Dr. Don José María Bueno y Monreal. Alumno de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, 1977-1982, 1984, por encomienda del mismo Cardenal Arzobispo de Sevilla. Bachiller en Sagrada Teología por dicha Universidad (Magna cum Laude), donde hizo todos los cursos de Licenciatura y Doctorado en Filosofía (S.cum Laude), y parte del ciclo de licenciatura en Derecho Canónico (incluido Derecho Penal Eclesiástico). Ordenado de Menores por el Obispo de Siena, con dimisorias del Obispo Diocesano Conquense, Su Exciª.Rvmª. Mons. Dr. en Sagrada Teología, D. José Guerra y Campos. Incardinado en la Diócesis de Cuenca (España) en cuanto ordenado "in sacris", Diácono, por Su Exciª.Rvmª. Mons. Dr. en Sagrada Teología, D. José Guerra y Campos, el 20 de Marzo de 1982. Delegado de S.E.R. Mons. Pavol Hnilica,S.J., en España. Ordenado Presbítero, por dimisorias del mismo sapientísimo, piadoso e insigne católico Doctor y Obispo Diocesano conquense, el 8 de Enero de 1984 en la Catedral de Jerez de la Frontera (Cádiz), por Su Exciª. Rvmª. Mons. D. Rafael Bellido y Caro. Capellán Castrense del Ejército del Aire, asimilado a Teniente, y nº 1 de su promoción, en 1985. Fue alumno militarizado en todo, en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), destinado al Ala nº 35 de Getafe, y después a la 37 de Villanubla (Valladolid); luego de causar baja, como también el nº 2 de la promoción, a causa de encubiertas intrigas políticas pesoistas [ocupó pués, así, la primera plaza el nº 3, primo del entonces presidente de la Junta de Andalucía, un Rodríguez de la Borbolla] en connivencia con el pesoista Vicario Gral. Castrense, Mons. Estepa. Fue luego adscrito al Mando Aéreo de Combate de Torrejón de Ardoz. Párroco personal de la Misión Católica Española en Suiza, de Frauenfeld, Pfin, Weinfelden, Schafhausen, ... , y substituto permanente en Stein am Rhein (Alemania) . Provisor Parroquial de Flims y Trin (cantón Grisones), en 1989-90; Provisor Parroquial (substituto temporal del titular) en Dachau Mittendorf y Günding (Baviera), etc.. Diplomado en alemán por el Goethe Institut de Madrid y el de Bonn (mientras se hospedaba en la Volkshochschule Kreuzberg de esa ciudad renana) . Escolástico e investigador privado en Humanidades, defensor del Magisterio Solemne Tradicional de la Iglesia Católica y fundamentalmente tomista, escribe con libertad de pensamiento e indagación, aficionado a la dialéctica, mayéutica de la Ciencia. Su lema literario es el de San Agustín: "In fide unitas, in dubiis libertas et in omnibus Charitas". Ora en Ontología, ora en Filosofía del Derecho y en Derecho Político admira principalmente a los siguientes Grandes: Alejandro Magno (más que un libro: un modelo para Tratados) discípulo de "El Filósofo", Aristóteles, Platón, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino, los RRPP Santiago Ramírez, Cornelio Fabro, Juán de Santo Tomás, Domingo Báñez, el Cardenal Cayetano, el Ferrariense, Domingo de Soto, Goudin, los Cardenales Zigliara y González, Norberto del Prado; Friedrich Nietsche, Martin Heidegger ; Fray Magín Ferrer, Ramón Nocedal y Romea, Juán Vázquez de Mella, Enrique Gil Robles, Donoso Cortés, Los Condes De Maistre y De Gobineau, el R.P. Taparelli D'Azeglio; S.E. el General León Degrelle, Coronel de las SS Wallonien, Fundador del Movimiento católico "Rex", el Almirante y Excmº. Sr. Don Luis Carrero Blanco (notable pensador antimasónico, "mártir" de la conspiración de clérigos modernistas, y afines, suvbersivos, y de la judeleninista ETA), S.E. el Sr. Secretario Político de S.M. Don Sixto (Don Rafael Grambra Ciudad), los Catedráticos Don Elías de Tejada y Spínola y Don Miguel Ayuso, entre otros grandes pensadores del "Clasicismo Natural" y "Tradicionalismo Católico"; Paracelso, el Barón de Evola, etc. . En Derecho Canónico admira especialmente a Manuel González Téllez y Fray Juán Escobar del Corro; Por supuesto que no se trata de ser pedisecuo de todos y cada uno de ellos, no unánimes en un solo pensamiento ("...in dubiis libertas"). Se distancia intelectual, voluntaria, sentimental y anímicamente de todo aquel demagogo, se presente hipócriamente como "antipopulista" siendo "polulista", o lo haga como antifascista, "centrista", moderado, equilibrado, progresista, moderno, creador y garante de prosperidad, o como lo que quiera, el cuál, sometiéndose a la mentira sectaria, propagandística y tiránica, inspirada en cualquiera de las "Revoluciones" de espíritu judío (: la puritana cronwelliana (1648,) la judeomasónica washingtoniana (1775), la judeomasónica perpetrada en y contra Francia en 1789, y las enjudiadas leninista y anarquista), ataque sectariamente o vilipendie a Tradicionalistas, franquistas, Falangistas, Fascistas, Nacionalsocialistas, Rexistas, etc., o se posicione nuclearmente, a menudo con la mayor vileza inmisericorde, y a veces sacrílega, contra mis Camaradas clasicistas ora supervivientes a la Gran Guerra Mundial (1914-1945), ora Caídos en combate o a resultas; se considera y siente parte de la camaradería histórica y básica común con los tradicionalismos europeistas vanguardistas de inspiración cristiana (al menos parcial), y con sus sujetos, aliados de armas contra la Revolución (jacobina, socialista, comunista, anarquista).
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